La revelación de un audio que documenta una denuncia interna sobre presunta corrupción en aduanas marítimas ha colocado nuevamente bajo escrutinio a la Secretaría de Marina y a sus mandos. Meses antes de ser asesinado en Manzanillo, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar expuso ante la cúpula naval la existencia de una red de huachicol fiscal que, según sus dichos, involucraba a personal activo y exintegrantes de la institución.
La grabación, difundida por Aristegui Noticias, documenta una conversación directa entre el mando naval y el entonces titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en la que se detallan supuestos sobornos, movimientos de personal y presiones internas vinculadas al contrabando de combustibles.
El encuentro entre Guerrero Alcántar y Ojeda Durán ocurrió en junio de 2024, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El audio, de aproximadamente 19 minutos, registra el momento en que el contralmirante expone la operación de una red de corrupción dentro de aduanas marítimas.
Según el relato, la red introducía combustibles al país haciéndolos pasar por aceites o aditivos para evadir impuestos, generando ganancias millonarias. Guerrero explicó que, tras ser asignado a labores aduanales desde enero de 2021, comenzó a recibir transferencias bancarias y dinero en efectivo que inicialmente interpretó como recursos institucionales para mejoras operativas, pero que posteriormente identificó como presuntos sobornos derivados del contrabando.
En la conversación, el entonces secretario de Marina plantea dos posibles rutas frente a la denuncia:
“O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”.
En la reunión también estuvieron presentes dos integrantes no identificados de la Marina. Los detalles de estas reuniones quedaron registrados tanto en el audio como en una carta manuscrita fechada el 14 de junio de 2024, localizada posteriormente en la oficina del mando naval tras su asesinato.
Toda la información recabada, incluidos los audios, la carta y una fotografía de una de las reuniones, fue integrada al expediente de la causa penal 325/2025 radicada en el Centro Penal de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El expediente forma parte de la investigación que sigue abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), que indaga tanto la presunta red de contrabando como el homicidio del contralmirante.
