Una jueza de Control vinculó a proceso al extesorero del municipio de Ignacio Zaragoza, identificado como M.E.C.C., por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta disposición irregular de 2 millones 200 mil pesos provenientes de un crédito contratado a nombre del Ayuntamiento.
La resolución se derivó de los datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, los cuales fueron considerados suficientes para continuar el proceso penal. Asimismo, la jueza impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Recursos destinados a obras y maquinaria
De acuerdo con las investigaciones, el crédito fue contratado en enero de 2022 y, presuntamente, los recursos serían utilizados para trabajos de recarpeteo, adquisición de maquinaria y remodelación de la Presidencia Municipal.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que durante las indagatorias no se acreditó la realización de las obras y acciones para las que supuestamente se habían destinado los recursos.
La acusación sostiene que la contratación presuntamente irregular de deuda pública habría sido utilizada para disponer de recursos pertenecientes al patrimonio municipal.
Detectan presuntas irregularidades en documentos oficiales
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por servidores públicos de Ignacio Zaragoza. Entre los elementos expuestos por el Ministerio Público se encuentran posibles irregularidades en documentos oficiales y la apertura de una cuenta bancaria para administrar el dinero del crédito.
También se presentaron actas de Cabildo con el mismo número y fecha, pero con formatos diferentes, además de firmas cuya autenticidad fue cuestionada durante la audiencia.
Tras analizar los datos de prueba, la jueza determinó que existían elementos para establecer la probable participación del extesorero en los hechos investigados.
Permanecerá en prisión preventiva durante el proceso
La autoridad judicial determinó mantener la prisión preventiva justificada por un plazo de hasta dos años, al considerar los argumentos del Ministerio Público sobre la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento penal.
Además, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán realizar las diligencias correspondientes.
La vinculación a proceso no representa una declaración de culpabilidad. M.E.C.C. conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia condenatoria firme.
