El Gobierno del Estado de Chihuahua publicó la “Ley Marro” de manera ‘fast track’, pues fue aprobada prácticamente horas antes por el Congreso del Estado, de modo que entrará en vigor mañana 24 de enero, fijando los detalles de la elección del Poder Judicial local.
Emitió el Gobierno el documento de 100 páginas aprobado por el Congreso del Estado con 31 votos a favor y solo dos abstenciones de Movimiento Ciudadano (MC).
Se titula Ley Electoral para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua y establece el procedimiento para elegir 305 cargos del Poder Judicial del Estado:
- 30 magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
- 5 magistrados del Tribunal de Disciplina que reemplaza al Consejo de la Judicatura.
- 270 jueces de primera instancia y menores.
Fue aprobada después del mediodía del miércoles 22 de enero y remitida al gobierno del Estado, que este jueves 23 de enero publicó, con prácticamente horas de diferencia desde su recepción.
Es poco habitual que el Gobierno publique una reforma de los diputados con horas de diferencia, algo reservado para cuestiones urgentes o de gran magnitud política y social.
Establece la legislación el proceso a llevar a cabo para la elección, como parte de las reformas a las constituciones de México y del Estado de Chihuahua para que ahora se definan los nombramientos de los poderes judiciales del país en las urnas mediante voto universal.
Esta nueva ley establece la forma de organizar las elecciones judiciales, con sus respectivos conteos, resultados, infracciones, impugnaciones y demás, mencionando que todo aquello que no contemple esta ley deberá apegarse a otras normativas de manera supletoria como la Ley Electoral o los acuerdos, lineamientos y reglamentos del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Puntos importantes.
La elección del Poder Judicial del Estado es el 1 de junio del 2025, igual que la de los juzgadores, magistrados y ministros a nivel federal.
Tiene similitudes con las elecciones de políticos, pues contempla los actos de campaña, los actos anticipados, la propaganda, entre otras.
Las campañas durarán 60 días, previos a la veda electoral y el día de la elección.
Está prohibido el financiamiento público o privado en las campañas.
El Consejo Estatal de la elección judicial debe fijar los topes de gastos personales por candidato. No pueden superar las aportaciones individuales que tienen fijados los candidatos independientes a diputados, dice la ley.
El Consejo debe aprobar el modelo de las boletas electorales y todo el material del conocido paquete electoral. La producción y distribución correrá a cargo del IEE.
