Autoridades descartaron hasta el moento que dinero del crimen organizado haya ingresado al certamen Miss Universo, toda vez que su presidente Raúl Rocha cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en huachicoleo y otros delitos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este lunes que no existe ningún indicio de que recursos provenientes del crimen organizado hayan financiado el certamen Miss Universo, luego de que se revelara que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia, por presuntos delitos de robo de hidrocarburos y tráfico de armas.
Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad federal, García Harfuch aclaró que, aunque Rocha Cantú es una de las 13 personas investigadas dentro de una indagatoria más amplia, no hay evidencia que vincule las actividades ilícitas con el concurso internacional.
“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen en el certamen, ni tenemos nada relacionado entre el concurso y las investigaciones. La investigación derivó en 13 órdenes de aprehensión, una de ellas contra esta persona. Estas investigaciones se hicieron en coordinación con la FGR; es una investigación conjunta entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, instituciones del Gabinete de Seguridad; todos aportamos”, señaló.
Contexto del caso
La FGR solicitó el pasado 15 de septiembre una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, mientras el empresario se encontraba en los preparativos del concurso realizado en Tailandia. La Fiscalía lo identifica como presunto participante de una red criminal dedicada al robo de hidrocarburos (huachicol), tráfico de drogas y tráfico de armas.
Según la investigación, la organización operaba centros clandestinos como La Espuela, en Querétaro, donde llegaban carrotanques y se ocultaban armas con números de serie borrados, y El Patio, en el Estado de México, sitio donde se mezclaba combustible robado para venderlo como producto legal.
Interceptaciones telefónicas y documentos señalan que Rocha Cantú presuntamente aportaba capital para importar combustible desde Guatemala y Estados Unidos, mientras otras empresas emitían facturas falsas para simular operaciones legítimas. Parte del combustible era distribuido a través de gasolineras vinculadas a operadores como El Inge.
De acuerdo con la FGR, las ganancias para la red criminal se estimaban en 2.50 pesos por litro de combustible vendido ilícitamente, además de actividades paralelas relacionadas con el transporte de armas y drogas.
