La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que volverá a presentar su propuesta de reforma electoral una vez concluidos los comicios de 2027, luego de que su iniciativa original fuera rechazada y su denominado Plan B no lograra avanzar en su totalidad.
Durante la conferencia matutina de este lunes 9 de noviembre, la mandataria señaló que insistirá en reducir el financiamiento público a los partidos políticos, modificar el sistema de representación proporcional de legisladores plurinominales y disminuir los costos de los procesos electorales.
“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, incluso hice un Plan B que tampoco, bueno, una parte fue aprobada, otra parte no. Nomás pasen las elecciones, lo voy a volver a proponer”, declaró.
Sheinbaum explicó que su propuesta tiene como objetivos fortalecer la participación ciudadana, garantizar la transparencia en los procesos electorales y reducir el gasto público destinado a la organización de las elecciones, con la intención de que esos recursos puedan aprovecharse en beneficio de la población.
Asimismo, reconoció que, pese a contar con mayoría legislativa, su iniciativa no consiguió el respaldo necesario, debido a que algunos partidos políticos se opusieron a las modificaciones planteadas.
La presidenta también vinculó la necesidad de impulsar una nueva reforma con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de materiales electorales. Al respecto, señaló que existe una concentración empresarial en las contrataciones realizadas por los organismos electorales.
“Lo más importante es que se transparente, porque el problema de fondo, desde mi punto de vista, es un duopolio o monopolio de las contrataciones de la papelería electoral”, expresó.
La mandataria sostuvo que este esquema de contratación comenzó a consolidarse desde finales de la década de 1980 y cuestionó que antiguos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) no hayan tomado medidas para atender esta situación.
Finalmente, criticó a quienes participaron en las movilizaciones bajo la consigna “El INE no se toca”, al considerar que durante años no cuestionaron los contratos relacionados con la adquisición de materiales electorales.
